Legisladores de California planean dar $500 millones en reembolsos de facturas de electricidad

(English below)

Los legisladores de California presentaron el miércoles una serie de medidas destinadas a agilizar el desarrollo de energía renovable y reducir el costo de las facturas de electricidad mensuales, mientras que la sesión legislativa de este año alcanzó el punto culminante de una frenética semana final.

Una medida podría poner $30 en los bolsillos de los aproximadamente 17 millones de clientes en California de las empresas de servicios públicos adueñadas por inversores: Pacific Gas & Electric, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric.

Después de meses de negociaciones y promesas de los líderes de priorizar el tema, el último día posible se publicaron siete proyectos de ley. Las propuestas del Gobernador Gavin Newsom — para reducir las facturas de energía y detener los aumentos a los precios del gas — enfrentaron desafíos en las últimas semanas.

El paquete legislativo de última hora tiene como objetivo cumplir dos prioridades climáticas que a veces pueden estar en competencia: cumplir con los objetivos de energía limpia que se acercan rápidamente al estado y calmar las crecientes preocupaciones sobre la asequibilidad de la electricidad.

La mayor parte del paquete está destinada a emparejarse con la ley climática emblemática de la administración Biden, aprovechando la inversión federal en proyectos de energía limpia. Fue liderada por el presidente pro tempore del Senado, Mike McGuire, y bautizada como “California Made”.

Estas cinco propuestas, incluidas la SB 1272, la SB 950, la SB 1003 y la SB 1140, revisarán la forma en que el estado aprueba y apoya los proyectos de energía solar, vientos marinos, depósitos de baterías, hidrógeno y otras energías verdes con permisos ambientales simplificados.

Otras dos medidas marcan una versión más controvertida y significativamente reducida de un plan liderado por Newsom para reducir los costos de la factura eléctrica. Esas, AB 3121 y AB 3264, fueron presentadas por la Asambleísta Cottie Petrie-Norris, demócrata por Irvine.

Uno de los dos proyectos usará hasta $500 millones en dinero excedente de tres programas de subvenciones financiados por los contribuyentes que actualmente apoyan a escuelas y comunidades de bajos ingresos. Los ahorros se devolverán a través de reembolsos a aproximadamente 15 millones de clientes con acuerdos de deudas reconocidas.

El otro proyecta iniciaría un estudio de cientos de otros programas de eficiencia energética actualmente financiados por los contribuyentes y pediría a la Comisión de Servicios Públicos (Public Utilities Commission) que reduzca la carga sobre los clientes de electricidad.

“Tenemos una propuesta sobre la mesa que proporcionará un alivio real a los californianos hoy y también establecerá las bases para reducir las facturas a largo plazo”, dijo Petrie-Norris en una entrevista. “Estamos trabajando para devolver más dinero a los bolsillos de los californianos trabajadores”.

La sesión está llegando a su fin

Con una fecha límite para aprobar la legislación que se acerca rápidamente, Newsom supuestamente amenazó con convocar una sesión especial este otoño en un esfuerzo por presionar a los legisladores para que aprueben esta y otra medida enmarcada como una forma de lograr la asequibilidad de la energía.

Ese proyecto de ley requeriría a las refinerías de petróleo que mantengan reservas de gasolina para evitar una escasez y aumentos excesivos a los precios cuando el equipo se desconecte para mantenimiento. Marcaría el primer resultado importante de su sesión especial de 2022 sobre los precios del gas.

Newsom se retiró de los puntos clave de su plan inicial de asequibilidad luego de la oposición de los trabajadores eléctricos y las empresas de servicios públicos. Incluso la parte del plan original del gobernador que, según los expertos, afectaría más a las facturas.

La titulización, que reduce eficazmente los tipos de interés de la inversión de capital de las empresas, también hubiera reducido las ganancias de los accionistas. Los opositores advirtieron que el proceso financiero podría aumentar los costos a las empresas de recibir préstamos y eso podría afectar a las facturas.

La sesión legislativa de California concluye el sábado 31 de agosto. La oficina de Newsom no respondió a una solicitud de comentarios.

Los dolores de crecimiento de la energía

California está atravesando un importante proceso de crecimiento energético, con un aumento de la demanda de electricidad por primera vez en décadas, a medida que las empresas de servicios públicos se alejan de los combustibles fósiles y tratan de evitar que sus equipos provoquen incendios forestales devastadores.

El paquete “California Made” marca otro paso hacia el logro de los objetivos de energía limpia de California. Hoy, el estado todavía obtiene aproximadamente el 40% de su electricidad de combustibles fósiles, lejos de un objetivo establecido en 2022 de alcanzar el 90% de energía renovable para 2035.

Para lograrlo, el estado está confiando en sus servicios públicos adueñados por inversores, no sólo para invertir en energía renovable sino también para gastar miles de millones de dólares para enterrar líneas eléctricas que ayudarán a prevenir incendios forestales y mejorar la infraestructura para satisfacer la demanda.

Entre esos costos y la creciente necesidad de aire acondicionado durante los veranos más calurosos, las facturas eléctricas de verano para los clientes de esas empresas de servicios públicos (PG&E, SoCal Edison y SD G&E) están alcanzando nuevos niveles.

Según la división de servicios públicos de la Comisión de Servicios Públicos del estado, las facturas de electricidad residencial en California han aumentado hasta un 110% en la última década. En los últimos tres años, las facturas de los tres principales acreedores de deudas han pasado aumentos del 20%-50%.

Un grupo de manifestantes y clientes de PG&E frente al capitolio el martes criticaron a los líderes estatales por sus altas facturas, señalando la marcada diferencia en los costos de la luz para sus hogares en comparación con los del territorio del Distrito de Servicios Públicos Municipales de Sacramento (SMUD).

No importa cuánto ahorraron en sus modestas casas, dijeron varios manifestantes, sus facturas mensuales ascendían a cientos de dólares incluso con un uso mínimo de aire acondicionado este verano.

Instaron a los legisladores y al gobernador a reducir las facturas de electricidad mediante una regulación más fuerte de las empresas de servicios públicos a través de la Comisión de Servicios Públicos de California, argumentando que la comisión designada debería estar compuesta por funcionarios electos.

“Hay personas mayores que nos rogan que no apaguemos la luz. Nos sentimos ignorados”, dijo Kelly Smith, cofundadora del grupo de defensa Stop PG&E que se lanzó esta primavera. “Esta es una solución temporal, no una solución definitiva. Es una forma de calmarnos”.

CA lawmakers aim to cut electric bills, help clean energy

California lawmakers unveiled a series of measures Wednesday meant to streamline renewable energy development and lower the cost of monthly electric bills, as this year’s legislative session reached the pinnacle of a frenzied final week.

One could put about $30 in the pockets of California’s roughly 17 million customers of investor-owned utilities, Pacific Gas & Electric, Southern California Edison and San Diego Gas & Electric.

After months of negotiations and pledges from leaders to prioritize the issue, seven bills were released on the last day possible. Gov. Gavin Newsom encountered significant challenges in recent weeks to his proposals to lower energy bills and thwart gas price spikes.

The eleventh-hour legislative package aims to meet two climate priorities that can sometimes be in competition: meeting the state’s rapidly approaching clean energy targets and addressing growing concerns about electricity affordability.

The bulk of the package is meant to dovetail with the Biden administration’s signature climate law by taking advantage of federal investment in clean energy projects. It was spearheaded by Senate Pro Tempore Mike McGuire and dubbed “California Made.”

Those five proposals, including SB 1272, SB 950, SB 1003 and SB 1140, would overhaul the way the state approves and supports solar, offshore wind, battery storage, hydrogen and other green energy projects with simplified environmental permitting.

Another two measures mark a more controversial, significantly scaled-back version of a plan spearheaded by Newsom to lower electric bill costs. Those, AB 3121 and AB 3264, were introduced by Assemblymember Cottie Petrie-Norris, D-Irvine.

One of the two bills will draw up to $500 million in surplus money from three ratepayer funded grant programs that currently support schools and low-income communities. The savings will be returned via rebates to roughly 15 million customers of IOUs.

The other would initiate a study of hundreds of other energy efficiency programs currently underwritten by ratepayers and ask the Public Utilities Commission to lower the burden on electricity customers.

“We have a proposal on the table that will deliver real relief for Californians today, and will also set a foundation to lower bills in the long term,” Petrie-Norris said in an interview. “We’re working to put more money back into pockets of hard working Californians.”

Session coming to a close

With a deadline to pass legislation fast approaching, Newsom reportedly threatened to call a special session this fall in an effort to pressure lawmakers to pass these and another measure framed as tackling energy affordability.

That bill would require oil refiners to maintain gasoline reserves to prevent fuel shortages and price spikes when equipment is taken offline for maintenance. It would mark the first major result of his 2022 special session on gas prices.

Newsom retreated from key pieces of his initial affordability plan following opposition from electrical workers and utilities. That included the piece of the governor’s original plan that experts said would affect bills the most.

Securitization, effectively lowering interest rates on utilities’ capital investment, would also have cut into’ shareholder profits. Opponents warned that the financial process could raise company borrowing costs and trickle into bills.

California’s legislative session concludes Saturday, Aug. 31. Newsom’s office did not respond to a request for comment.

Energy growing pains

California is undergoing major energy growing pains, with electricity demand increasing for the first time in decades as utilities transition away from fossil fuels and try to keep their equipment from sparking devastating wildfires.

The “California Made” package marks another push toward achieving California’s clean energy targets. Today, the state still procures roughly 40% of its electricity from fossil fuels, far from a goal set in 2022 to reach 90% renewable by 2035.

To get there, the state is relying on its investor-owned utilities — not only to invest in renewable energy but also to spend billions undergrounding power lines to help prevent wildfires and upgrade infrastructure to accommodate demand.

Between those costs and the growing need for air conditioning during hotter summers, summer electric bills for customers of those utilities — PG&E, SoCal Edison and SD G&E — are reaching new heights.

Residential electricity bills in California have increased by as much as 110% in the last decade, according to the public advocate’s arm of the state Public Utilities Commission. In just the past three years, bills for customers of the big three IOUs have seen 20-50% increases.

A group of protesters and customers of PG&E outside the capitol Tuesday blasted state leaders for their high bills, noting the stark difference in costs to power their homes versus those in Sacramento Municipal Utility District territory.

No matter how much energy they conserved in their modest-sized homes, several protesters said, their monthly bills amounted to hundreds of dollars even with minimal use of air conditioning this summer.

They called on lawmakers and the governor to lower electric bills by more forcefully regulating utilities through the California Public Utilities Commission, arguing the appointed body should be made up of elected officials.

“You have elderly people begging not to turn their power off. We feel like we’re being ignored,” said Kelly Smith, co-founder of advocacy group Stop PG&E that launched this spring. “This is a temporary fix, not a solution. It’s mean to pacify us.”

Esta historia fue publicada originalmente el 30 de agosto de 2024, 11:27 a. m. with the headline "Legisladores de California planean dar $500 millones en reembolsos de facturas de electricidad."