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Nuevas medidas podrían ampliar la rendición de cuentas para ICE y otros agentes federales

Student protesters were on McKinley Avenue and Van Ness Avenue, outside Fresno City College.
Student protesters were on McKinley Avenue and Van Ness Avenue, outside Fresno City College.
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Puntos Clave

Resumen generado por IA y revisado por nuestra redacción.

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  • Senadores de CA avanzan con medida para permitir demandas estatales contra agentes federales.
  • Medida permite indemnizaciones monetarias, y costos de peritos en tribunales estatales.
  • Senado aprobó el proyecto 30-10 en medio de tensiones por operativos en Fresno y el Valle.

Legisladores demócratas de California están impulsando legislación anti-ICE, en medio de crecientes críticas por las tácticas de aplicación de la inmigración de la administración Trump.

Uno de estos proyectos es la propuesta muy debatida para prohibir de manera permanente que ciertos exfuncionarios federales de inmigración sirvan como agentes de policía o educadores en escuelas públicas del estado.

Esta propuesta es uno de varios proyectos relacionados con inmigración que los legisladores están promoviendo este año, incluidos medidas para gravar a las empresas de detención con fines de lucro y limitar los arrestos en los juzgados.

La medida, Proyecto de Ley 1627 de la Asamblea, formalmente titulada Ley de Conducta Injusta que Pone Fin a la Confianza en las Fuerzas del Orden (o “Ley MELT ICE”), prohibiría a cualquier persona que haya trabajado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos entre el 1 de septiembre de 2025 y el 20 de enero de 2029 ocupar cargos en agencias de aplicación de la ley o escuelas públicas de California.

La asambleísta Anamarie Ávila-Farias, autora del proyecto de ley, argumenta que a las personas involucradas en operaciones de ICE durante ese período no se les deben encomendar funciones que requieran salvaguardar las libertades civiles. “Los agentes de paz y los maestros de California deben ser defensores de los derechos constitucionales, no actores en su desmantelamiento”, declaró, y añadió que dicho servicio refleja valores que “California no puede permitirse institucionalizar”.

De aprobarse, la legislación ordenaría al Departamento de Justicia de California y al Departamento de Educación modificar los procedimientos de verificación de antecedentes para identificar explícitamente los empleos previos en el ICE. La prohibición se aplicaría automáticamente, independientemente del comportamiento personal, el historial de desempeño o los antecedentes penales del solicitante. La AB 1627 también extendería restricciones similares a los exempleados de los Departamentos Correccionales de Alabama y Georgia que prestaron servicios entre 2020 y 2026.

Analistas legales han planteado dudas sobre si un estado puede imponer una prohibición laboral de por vida a un grupo definido de ex trabajadores federales sin infringir las protecciones constitucionales del debido proceso o la ley laboral federal. También hay preguntas sobre cómo el proyecto trataría a las personas que ocuparon puestos no relacionados con la aplicación dentro de ICE, como posiciones administrativas o técnicas.

Otro proyecto de ley, conocido como la “Ley Sin Reyes”, también ha avanzado recientemente en la legislatura de California. Este proyecto facilitaría que las personas demanden a los agentes federales que violen los derechos humanos.

La legislación de los senadores Scott Wiener y Aisha Wahab, ambos demócratas del Área de la Bahía, cobró mayor peso después de que agentes federales dispararan fatalmente a Alex Pretti, ciudadano estadounidense y enfermero de UCI, en Minnesota el 24 de enero.

Según la medida, California crearía una causa de acción bajo la ley estatal que permitiría a la gente demandar a oficiales federales —incluyendo ICE, Border Patrol y otros— por violaciones de derechos constitucionales, un hueco que, según sus autores, existe porque recientes decisiones de la Corte Suprema de EE. UU. han limitado severamente los recursos federales.

El impulso para el proyecto llega en medio de tensiones crecientes por la aplicación de la inmigración en Fresno y el Valle Central, donde las acciones federales aumentadas han inquietado a las comunidades de inmigrantes. Operativos recientes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidosy agentes federales relacionados en Fresno y condados circundantes han incluido detenciones en citas rutinarias de registro y paradas de tráfico, lo que ha alarmado a grupos por los derechos de los inmigrantes que dicen que incluso personas que cumplen con los procesos legales están siendo detenidas.

Estas actividades de control han provocado protestas comunitarias frente a la oficina de ICE en el centro de Fresno, en River Park Shopping Center y en otras partes del Valle Central.

“Este proyecto defiende la proposición básica de que nadie, nadie está por encima de la ley,” dijo Wiener. “Que el Estado de derecho sigue existiendo en este país incluso bajo este régimen brutal, fascista y autoritario.”

Wiener argumentó que la legislación es necesaria en parte porque ICE ha contribuido a crear lo que él describió como un “estado terrorista,” y que las barreras legales actuales a menudo hacen casi imposible que las víctimas hagan responsables a los agentes federales por abusos.

La medida añadiría una nueva disposición al código de derechos civiles de California, permitiendo a las personas solicitar daños monetarios en tribunales estatales cuando un oficial actuando “bajo color de la ley” les prive de derechos garantizados por la Constitución de los EE. UU., incluidas las protecciones de la Primera, Cuarta o Quinta Enmienda. También especifica cómo pueden presentarse las demandas, permite que los tribunales concedan honorarios de abogados y costos de peritos, y se aplica retroactivamente al 1 de marzo de 2025.

Los senadores debatieron el proyecto durante más de 90 minutos antes de votar en línea partidista, 30-10, para enviarlo a la Asamblea. Wiener expresó su decepción porque la oposición se dividiera por líneas partidistas.

“Es una triste declaración sobre dónde estamos en este país que esto tenga que ser un asunto partidista,” dijo Wiener antes de la votación. “Rojo, azul — todos tienen derechos constitucionales. Y todos deberían tener la capacidad de responsabilizar a las personas cuando violen esos derechos.”

Estos esfuerzos siguen a una serie de leyes que el gobernador Gavin Newsom firmó el año pasado para contrarrestar la campaña de deportaciones de la administración Trump —desde limitar el uso de máscaras en las operaciones de aplicación hasta restringir el acceso a escuelas y hospitales.

Esta historia fue publicada originalmente el 10 de marzo de 2026, 2:14 p. m. with the headline "Nuevas medidas podrían ampliar la rendición de cuentas para ICE y otros agentes federales."

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