Caso clave ante Corte Suprema de Estados Unidos podría redefinir quién es ciudadano
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el miércoles argumentos en un caso que podría redefinir quién tiene derecho a la ciudadanía estadounidense, mientras los jueces evalúan el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para algunos niños nacidos en territorio estadounidense — una medida que, según críticos, podría trastocar generaciones de derecho constitucional y protecciones de derechos civiles.
El caso, Trump v. Barbara, se centra en sí el presidente puede reinterpretar la Decimocuarta Enmienda para negar la ciudadanía a bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales. De confirmarse, la política representaría uno de los cambios más profundos en la ley migratoria del país en la historia moderna.
En el sur de Florida — hogar de una de las mayores poblaciones inmigrantes del país — la decisión del tribunal podría tener consecuencias inmediatas y de gran alcance. La región incluye cientos de miles de familias con estatus migratorio mixto, así como grandes comunidades de América Latina y el Caribe donde el estatus migratorio puede ser temporal o inestable.
Un fallo que restrinja la ciudadanía por nacimiento podría afectar hospitales, escuelas y gobiernos locales en los condados de Miami-Dade y Broward, donde las autoridades dependen de definiciones claras de ciudadanía para prestar servicios.
El presidente Donald Trump asistió brevemente a la audiencia.
En juego está un principio constitucional que durante mucho tiempo se ha entendido como garantía de ciudadanía para casi cualquier persona nacida en el país. Ratificada en 1868, la Decimocuarta Enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”.
Durante más de un siglo, los tribunales han interpretado esta cláusula de manera amplia, extendiendo la ciudadanía a los hijos nacidos en el país sin importar el estatus migratorio de sus padres, con excepciones limitadas.
La orden ejecutiva de Trump, firmada el primer día de su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, cuestiona esa interpretación. Ordena a las agencias federales negar documentos de ciudadanía — incluyendo pasaportes y números de Seguro Social — a niños nacidos de padres que se encuentren en el país ilegalmente o con visas temporales, a menos que uno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente.
Pero fuera del tribunal, el debate adquirió una dimensión más humana.
Familias se reunieron detrás de barricadas policiales con cochecitos, pancartas y mantas, esperando mientras los jueces escuchaban los argumentos dentro. Algunos sostenían carteles que decían “Nacido aquí, pertenece aquí”. Otros permanecían en silencio, conscientes de que el resultado podría moldear la vida de miles de niños.
Cómo debe interpretarse la Constitución
Dentro de la sala, los argumentos revelaron rápidamente una profunda división sobre cómo debe interpretarse la Constitución — y si un principio considerado durante mucho tiempo como establecido puede ser restringido por acción ejecutiva.
El procurador general John Sauer, en representación de la administración Trump, dijo a los jueces que la ciudadanía por nacimiento ha sido aplicada de forma errónea durante décadas y no debería extenderse a hijos de no ciudadanos sin vínculos permanentes con el país.
“La cláusula de ciudadanía fue adoptada justo después de la Guerra Civil para otorgar ciudadanía a los esclavos liberados y a sus hijos”, dijo Sauer. “No otorgaba ciudadanía a los hijos de visitantes temporales o inmigrantes ilegales que no tienen esa lealtad”.
Argumentó que la frase “sujeto a su jurisdicción” excluye a quienes deben lealtad a otro país y solo se aplica a quienes tienen una “lealtad directa e inmediata” a Estados Unidos.
Sauer también señaló lo que describió como consecuencias no deseadas de la interpretación actual, incluyendo lo que llamó “una extensa industria del turismo de nacimiento”, en la que mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para dar a luz y así sus hijos obtengan la ciudadanía.
“Decenas de miles de extranjeros de naciones potencialmente hostiles han viajado a Estados Unidos para dar a luz”, dijo, “creando toda una generación de ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin vínculos significativos con el país”.
El fenómeno también ha impulsado una industria de nicho de los llamados “hoteles de maternidad” que atienden a clientes adinerados de países como China, Turquía y Rusia, aunque no está claro cuán extendida es la práctica.
Datos disponibles sugieren que es relativamente limitada. El Center for Immigration Studies estimó en 2020 que entre 20,000 y 26,000 bebés nacen cada año de mujeres que viajan al país con ese propósito — menos del 1% del total de nacimientos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Ese mismo año, el Departamento de Estado endureció las reglas de visado para permitir negar la entrada a solicitantes sospechosos de viajar para dar a luz.
Varios magistrados cuestionan los argumentos del gobierno de Trump
Varios jueces se mostraron escépticos ante los argumentos de la administración durante más de dos horas de audiencia, lo que sugiere posibles dificultades para el intento de Trump de restringir una interpretación constitucional de larga data.
La jueza Elena Kagan cuestionó directamente la lectura del gobierno sobre la Decimocuarta Enmienda, señalando que el texto no parece respaldar esa posición. “Creo que están buscando un significado más técnico y esotérico”, dijo.
El presidente del tribunal, John Roberts, también expresó dudas sobre la base legal del argumento, señalando que se apoya en excepciones históricas muy limitadas. “No estoy seguro de cómo se puede pasar de esos ejemplos tan pequeños a un grupo tan amplio”, dijo.
Aunque algunos jueces conservadores se mostraron más abiertos a revisar el alcance de la enmienda, el tono general sugirió que el tribunal podría mostrarse reacio a aceptar una reinterpretación tan amplia.
Aun así, el resultado no está garantizado. Algunos jueces también cuestionaron a los abogados que defienden la ciudadanía por nacimiento, lo que indica que el fallo podría depender de cómo el tribunal interprete el precedente histórico y el significado de “jurisdicción”.
Los abogados que impugnan la política argumentaron que la interpretación de la administración contradice tanto el texto constitucional como más de un siglo de precedentes.
Cecillia Wang, directora legal de la ACLU, afirmó que se trata de una cuestión fundamental sobre el significado de la ciudadanía. “Pregúntele a cualquier estadounidense cuál es nuestra regla de ciudadanía, y le dirá: todo el que nace aquí es ciudadano”, dijo.
Señaló que la Decimocuarta Enmienda consagró ese principio tras la Guerra Civil para protegerlo de cambios políticos. Su argumento se basó en la decisión de 1898 en United States v. Wong Kim Ark, que estableció que un hombre nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos era ciudadano estadounidense.
“El tribunal ya rechazó este mismo argumento”, dijo Wang.
También sostuvo que la enmienda incorpora el principio del derecho común inglés de jus soli — ciudadanía por lugar de nacimiento — bajo el cual casi todas las personas nacidas en un territorio son ciudadanos.
El juez Brett Kavanaugh también cuestionó la posición del gobierno, destacando cómo el Congreso ha tratado históricamente el tema. Señaló que en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, el Congreso adoptó un lenguaje que refleja la cláusula constitucional incluso después del fallo en el caso de Wong Kim Ark.
“Si el Congreso hubiera querido discrepar, habría usado otro lenguaje”, dijo.
Líderes de derechos civiles coincidieron con esa visión.
“No hay que ir más lejos que la historia estadounidense para entender las consecuencias de negar la ciudadanía por nacimiento”, dijo Marc Morial, presidente de la National Urban League.
“Esto es un ataque a los derechos civiles”, agregó Cedric Haynes, de la NAACP.
Tribunales inferiores han bloqueado la orden de Trump, que sigue suspendida a nivel nacional.
Aun así, lo que está en juego es significativo. Cientos de miles de bebés podrían quedar sin ciudadanía cada año — muchos de ellos en el sur de Florida — si la medida es confirmada.
Defensores de los derechos civiles advierten que el impacto iría mucho más allá de la inmigración, generando incertidumbre en hospitales, escuelas y empleadores.
“Es la base de gran parte de la vida y el sistema legal en Estados Unidos”, dijo Conchita Cruz.
Otros advierten que algunos niños podrían quedar apátridas.
Todd Schulte, de FWD.us, calificó la orden como “un intento sin precedentes de reescribir la Constitución”. “Se trata de quién cuenta como estadounidense”, dijo.
Se espera una decisión para principios del verano.
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de abril de 2026, 0:22 p. m. with the headline "Caso clave ante Corte Suprema de Estados Unidos podría redefinir quién es ciudadano."
